El pasado 7 de octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó el «Plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española» denominado «España puede«, que será la guía para la ejecución de cerca de 72.000 M€ entre 2021 y 2023 (el 50% de los recursos que la Unión Europea ha asignado a España mediante el instrumento Next Generation EU) donde la inversión «verde» representa más del 37% y las acciones para la digitalización cerca del 33%.
Estos fondos se canalizarán a través de dos instrumentos: la facilidad para la recuperación y la resiliencia, que concentra el grueso con 59.000 M€ en transferencias y, por otro lado, el REACT-EU que permite a España obtener financiación por un importe de 12.400 M€.
Este Plan se sustenta en 4 pilares y se estructura en 10 políticas tractoras:
Pilares
- España Verde: transición ecológica
- España Digital: transformación digital
- España sin brechas de género: igualdad de género
- España cohesionada e inclusiva: cohesión social y territorial
Políticas tractoras
- Agenda urbana y rural, la lucha contra la despoblación y el desarrollo de la agricultura. Se dedicará el 16% de los recursos. Entre sus objetivos destacan la mejora de la habilidad de entornos urbanos y dar respuesta a las necesidades del entorno rural, manteniendo la población y fomentando el empleo.
- Infraestructuras y ecosistemas resilientes. Recibirá el 12% de los recursos y se ejecutará a través de proyectos como el Plan de Conservación y Restauración de Ecosistemas, o el Plan de Preservación de Infraestructuras Urbanas Energéticas y de Preservación de Infraestructuras Urbanas, Energéticas y de Transporte, entre otros.
- Transición energética justa e inclusiva. Se destinará el 9% de los recursos y tiene como objetivo el desarrollo de un sector energético descarbonizado, competitivo y eficiente. Incluye la Estrategia Nacional de Autoconsumo y la integración de renovables en la edificación y los sectores productivos, así como el impulso de las infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento.
- Una Administración para el siglo XXI. Se dedicará el 5% de los recursos y se plantea una modernización de la Administración basada en la digitalización y mejora de los servicios, la mejora de la eficiencia, especialmente la de la administración de justicia, y se incluye la rehabilitación energética del parque edificado público.
- Modernización y digitalización del tejido industrial y de la PYME, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora. Recibirá el 17% de los recursos y busca el apoyar y reforzar a la industria española ya posicionada en sectores como las energías renovables, la eficiencia energética, la electrificación, la economía circular o la adaptación al cambio climático y contribuir a reorientar y alinear la creación de empresas relacionadas basadas en los retos globales de la sostenibilidad y la transición energética. Destaca el impulsar un plan de digitalización de toda la cadena de valor en sectores tractores, alineado con los objetivos de eficiencia energética, descarbonización y economía circular del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030.
- Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las capacidades del Sistema Nacional de Salud. Contará con el 17% de los recursos que irán destinados a corregir la insuficiencia de la inversión en ciencia e innovación general, y en particular en algunos sectores estratégicos, como la inteligencia artificial (se definirá una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial), desarrollar un sistema de investigación paneuropeo más sólido y renovar y ampliar las capacidades del Sistema Nacional de Salud.
- Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades. Se dedicará el 18% de los recursos para generar actividad a corto plazo y reforzar las nuevas oportunidades laborales a medio y largo plazo. Destacan la elaboración de un Plan nacional de capacidades digitales (digital skills), un Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional y la modernización y digitalización del sistema educativo mediante al Plan Educa en Digital y el Plan de digitalización de la universidad.
- Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo. Contará con el 6% de los recursos y desarrollará un plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión con los que a través del «Plan España País Accesible» se promoverá la accesibilidad universal y el «Plan España te protege» extenderá los servicios de atención integral a todas las potenciales víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres. Adicionalmente, se establecerán nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo, fundamentales en tres pilares:
- Introducción de mecanismo de ajuste interno de las empresas ante shocks (ERTE).
- Reforma de las políticas activas de empleo.
- Impulso a las políticas de inserción laboral mediante el despliegue del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
- Impulso de la industria de la cultura y el deporte. Con una aportación del 1,1% tiene como objetivo el desarrollar la cultura y el deporte como base de una sociedad libre y abierta y como herramienta de generación de empleo, destacando la revalorización de la industria cultural, la creación de un Spain Audiovisual Hub (incluye sector de videojuegos) y el fomento del sector del deporte mediante encuentros empresariales, organización de grandes acontecimientos deportivos y fomento del turismo deportivo, entre otros.
- Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible. Para esta política no se prevé una aportación adicional de fondos, pero se pretende incrementar la progresividad y redistribución de los recursos para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible.
Para garantizar la correcta ejecución de los fondos, se va a constituir una Comisión Interministerial presidida por el presidente del Gobierno y se creará una Unidad de Seguimiento del Fondo de Recuperación en el gabinete de presidencia del Gobierno.
Además, se va a instrumentalizar una colaboración específica con las Comunidades Autónomas. También se facilitará una interlocución continua con las empresas que participan en los proyectos y se pondrán en marcha mecanismos de rendición de cuentas periódicos ante el Parlamento.
Adicionalmente, se revisarán las normas y leyes de la Administración general del Estado para:
- Que la gestión de los fondos sea eficaz.
- Que la concesión de los fondos sea transparente y ágil.
- Eliminar trabas administrativas y cuellos de botella que ralentizan y entorpecen la contratación y ejecución de proyectos.
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